Concesiones mineras: SCJN avala licitaciones públicas

La Corte abordó un argumento central promovido por particulares: que la reforma desconocía derechos adquiridos de quienes habían obtenido o esperaban obtener concesiones bajo el régimen anterior. El Pleno rechazó esta postura bajo una distinción clave en derecho administrativo argumentando que no todo interés protegido constituye un derecho adquirido.

En este sentido, la Corte determinó que:

1. El cambio a licitación pública es válido. El hecho de que el nuevo régimen establezca que las concesiones mineras sólo se otorguen mediante licitación pública, en contraste con el esquema previo de “primer solicitante”, no vulnera derechos adquiridos, ya que los particulares no tenían un derecho consolidado a obtener concesiones bajo el régimen anterior.
2. La limitación de prórrogas no es retroactiva. La reducción del plazo de prórroga (de hasta 50 años a una sola prórroga de 25 años) tampoco es inconstitucional, pues la prórroga no forma parte del núcleo del derecho adquirido, sino que constituye una expectativa de derecho, sujeta a condiciones futuras.
3. Se protegen los títulos vigentes, pero no sus extensiones. La Corte enfatizó que las concesiones otorgadas antes de la reforma conservan su vigencia conforme a sus títulos. Sin embargo, ello no implica que sus titulares tengan derecho automático a su renovación o ampliación bajo las condiciones previas.
4. No existe derecho a la inmutabilidad del marco legal. El criterio refuerza la facultad del legislador para modificar el régimen de concesiones en función de política pública, sin que ello implique, por sí mismo, una violación constitucional.

En suma, la Corte consolida un entendimiento restrictivo de los “derechos adquiridos” en materia de concesiones administrativas, particularmente en sectores regulados como el minero.

Escrito por Mauricio Llamas y Sofia de Llano.