Nueva iniciativa de Reforma al Poder Judicial (pendiente de aprobación en legislaturas estatales)

El 16 de abril de 2026 se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia judicial, la cual parte del rediseño estructural introducido en septiembre de 2024, cuando se adoptó el modelo de elección popular de personas juzgadoras. Su implementación en el Proceso Electoral Extraordinario 2025 —en el que se eligieron cientos de cargos tanto a nivel federal como local— representó un cambio sin precedentes en el sistema de justicia mexicano.

Desde la exposición de motivos, la iniciativa menciona tres problemas principales: (i) que los requisitos actuales (como promedios o cartas de recomendación) no permiten evaluar de forma objetiva las capacidades técnicas de los aspirantes; (ii) la concurrencia con elecciones políticas generó riesgos de politización, saturación informativa y menor calidad en la deliberación pública; y (iii) problemas operativos del modelo, como mecanismos insuficientes para cubrir vacantes y la necesidad de mejorar la gestión de cargas de trabajo en órganos como la SCJN.

Frente a este contexto, la iniciativa tiene como objetivo consolidar el modelo de elección judicial bajo estos parámetros.

Requisitos de elegibilidad y profesionalización de personas juzgadoras

La iniciativa introduce cambios en materia de requisitos de elegibilidad y profesionalización. Se propone sustituir criterios formales como los promedios académicos por un esquema basado en certificación obligatoria de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, acompañado de umbrales más altos de experiencia, particularmente para acceder a la SCJN.

Para ser ministra o ministro de la SCJN se requerirá una experiencia profesional mínima de 10 años, de los cuales al menos 5 deberán ser dentro del Poder Judicial. No obstante, este requisito solamente debe ser cumplido por 5 de las 9 personas ministras. Para las candidaturas para magistraturas y juzgados de distrito se exigirán 7 años de experiencia, con al menos 5 años dentro del Poder Judicial.

Se redefine el proceso de selección de candidaturas, mediante la creación de un Comité Único de Evaluación que centraliza la función de revisión y depuración de perfiles. Este nuevo modelo incorpora exámenes de conocimientos, entrevistas y evaluación integral de trayectoria, al tiempo que elimina elementos subjetivos como cartas de recomendación o ensayos, con el objetivo de estandarizar y objetivar el proceso de selección.

Rediseño del modelo electoral

La iniciativa plantea un rediseño del modelo electoral judicial, destacando la separación de las elecciones respecto del calendario político y su reprogramación a 2028. Este ajuste se acompaña de un mayor rol del Instituto Nacional Electoral en la organización del proceso, lo que apunta a reducir la intervención política y reforzar su carácter técnico.

Reconfiguración de la SCJN

Se propone modificar la estructura de la SCJN para que funcione en Pleno y en dos secciones. Los criterios obligatorios derivados de sus sentencias solo serían vinculantes cuando se formalicen mediante la emisión de tesis.

Asimismo, se prevén ajustes en la gobernanza del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial mediante la adopción de esquemas de elección de sus presidencias por parte de sus respectivos plenos, y la eliminación de la reelección inmediata.

Efectos a nivel estatal

El proyecto de iniciativa de reforma incorpora una dimensión de armonización federal y local, al extender el modelo de certificación y evaluación a entidades federativas y a la Ciudad de México, con un papel central de la Escuela Nacional de Formación Judicial en la certificación. En este contexto, se prevé que las entidades federativas cuenten con un plazo de 180 días para armonizar su marco normativo, así como que la renovación de los cargos judiciales locales deberá concluir en 2028.

En conjunto, estos cambios configuran un rediseño integral del sistema orientado a mayor tecnificación, uniformidad y control institucional del proceso judicial implementado en 2025.

La iniciativa fue aprobada en el Congreso de la Unión y será remitida a las legislaturas estatales para su aprobación.

Escrito por Luis Enrique Graham, Omar Guerreo, Jorge Valdés King, Luis Ernesto Peón, Juan Arturo Dueñas, Rogelio Gama y Fernanda Serrano.