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Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
Fortalecimiento inmediato al régimen antilavado mediante la identificación de clientes con un enfoque basado en riesgos.
La reforma introduce plazos breves para atender requerimientos de UIF y SAT.
Se refuerzan las obligaciones de identificación y tratamiento de Personas Políticamente Expuestas (PPE’s) y los sujetos obligados a la LFPIORPI deben robustecer sus programas de cumplimiento.
Implementación de criterios para quienes realizan actividades vulnerables.
El 27 de marzo de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la modificación al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (en lo sucesivo el Decreto), con el objetivo introducir nuevas obligaciones, plazos cortos y programas de regularización para fortalecer el marco regulatorio. Estas modificaciones se desarrollan a la luz de la reforma a la LFPIORPI de 2025, la cual incorporó obligaciones alineadas a estándares internacionales.
A continuación, resumimos los cambios que consideramos más relevantes desde una perspectiva de cumplimiento y exposición regulatoria:
La modificación al reglamento debe leerse de manera conjunta considerando la reforma a la LFPIORPI de 2025, misma que ya contemplaba ciertas obligaciones, como son:
La modificación entró en vigor el 28 de marzo de 2026.
Cabe señalar que aún se encuentra pendiente la publicación de las reglas de carácter general de la LFPIORPI, necesarias para armonizar integralmente el marco jurídico en la materia. En este contexto, recomendamos a quienes realizan actividades vulnerables revisen y, en su caso, actualicen sus programas de cumplimiento, incluyendo su manual de políticas y procedimientos en los cuales establezcan la integración de sus expedientes de identificación, controles sobre acumulación de operaciones, procesos de identificación de PPE’s, políticas sobre conservación de información, así como su capacidad de respuesta frente a requerimientos de autoridad, con el fin de mitigar riesgos regulatorios y posibles sanciones.
Para obtener más información o asesoría sobre este Decreto, el equipo de Hogan Lovells está disponible para brindar apoyo en cualquier aspecto relacionado con su implementación.
Escrito por Juan Quinzanos, Jose Carlos Altamirano y Dulce S. Vega.